Albania — El país vive una intensificación del malestar social tras revelarse graves acusaciones de corrupción contra la viceprimera ministra Belinda Balluku. Investigaciones de la fiscalía especial contra la corrupción (SPAK) y reportes periodísticos señalan que Balluku habría favorecido a empresas privadas en la adjudicación de contratos públicos de gran envergadura —incluido el túnel de Llogara y tramos del anillo vial de Tirana— vulnerando la igualdad de los participantes en licitaciones. La controversia se agudizó cuando, el 12 de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional suspendió temporalmente una medida previa y permitió su reincorporación al cargo mientras continúa el proceso, hecho que encendió la indignación ciudadana.
En Tirana y otras ciudades, miles de personas han salido a las calles exigiendo transparencia, dimisiones y un proceso judicial independiente. Las protestas, inicialmente pacíficas, cobraron fuerza tras nuevas revelaciones sobre presuntas irregularidades en licitaciones de obras públicas y después de choques parlamentarios que visibilizaron la crisis política. Medios internacionales y agencias informativas reportaron enfrentamientos y tensiones dentro del Parlamento albanés en diciembre, en medio de exigencias de la oposición para conocer y procesar las acusaciones formales contra Balluku.
El gobierno respondió con despliegues policiales alrededor del Parlamento y restricciones temporales de circulación en zonas estratégicas, mientras figuras de la oposición denunciaron presiones sobre el poder judicial y alertaron del riesgo de una mayor escalada si no se garantiza la independencia de la justicia. Observadores jurídicos y organizaciones cívicas han advertido que permitir a Balluku retomar funciones en medio de una investigación activa envía una señal de tolerancia frente a la corrupción, lo que profundiza la desconfianza pública.
En paralelo, crece la atención internacional: medios y analistas subrayan que el caso se inscribe en un contexto más amplio de lucha anticorrupción en Albania, donde el papel de la SPAK y las decisiones del Tribunal Constitucional son observadas de cerca. Para amplios sectores de la ciudadanía, estas movilizaciones representan un punto de inflexión en años de demandas por integridad pública y reformas institucionales sostenidas.
