Indonesia – El país enfrenta una ola de protestas públicas tras revelaciones sobre asignaciones de vivienda para los miembros del parlamento. Cada uno de los 580 legisladores recibe alrededor de 50 millones de rupias al mes, casi diez veces el salario mínimo de Yakarta, además de sus sueldos regulares. Los manifestantes, que han inundado las calles de Yakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta y otras ciudades, expresan frustraciones más profundas relacionadas con la desigualdad y las dificultades económicas.
El descontento se intensificó después de que un video viral mostrara al conductor de taxi Affan Kurniawan, de 21 años, siendo atropellado por un vehículo blindado de la policía durante una manifestación. El incidente provocó un llamado de atención nacional, transformando las concentraciones pacíficas en manifestaciones más masivas.
El gobierno, liderado por el presidente Prabowo Subianto, ha tomado medidas para calmar los disturbios: se redujeron los beneficios para los parlamentarios, se suspendieron los viajes al extranjero de los parlamentarios y se ordenó una investigación completa sobre la muerte del conductor. Prabowo también pospuso su viaje oficial a China, cancelando su participación en el próximo desfile militar, como parte de un esfuerzo más amplio de control de daños.
Las fuerzas de seguridad han respondido con medidas contundentes. En Yakarta se han establecido puntos de control, se han desplegado convoyes blindados frente al complejo del parlamento, se han posicionado francotiradores en sitios clave y las calles son patrulladas tanto por la policía como por el ejército. Los colegios de la capital pasaron a clases online y se indicó a los empleados públicos que trabajen desde casa para reducir su exposición a los disturbios.
El impacto se ha sentido más allá de las manifestaciones. La inquietud de los inversores provocó una fuerte venta de acciones; el índice de Indonesia cayó más del 3%. Siete personas han fallecido y más de 20 han sido reportadas como desaparecidas durante los disturbios, y organizaciones internacionales —incluida la ONU— instan al gobierno a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
