La decisión ocurrió en un contexto de inestabilidad interna por la represión de las protestas y de creciente presión externa. Washington había aumentado su presencia militar en la región, incluyendo el despliegue de un nuevo portaviones y activos adicionales cerca de Irán, lo que elevó la alerta en Teherán ante posibles escenarios de confrontación.
El cierre aéreo, aunque limitado en duración, entre cuatro y cinco horas según distintos informes, provocó desvíos significativos de vuelos internacionales y llevó a varias aerolíneas a suspender o modificar rutas para evitar el espacio aéreo iraní. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) también recomendó evitar el tránsito sobre Irán hasta mediados de febrero debido al riesgo asociado a una posible escalada militar.
La interrupción temporal incrementó la incertidumbre regional y afectó operaciones logísticas y comerciales, en un momento en que la comunidad internacional sigue con preocupación los desarrollos en torno a la crisis iraní. Si bien los incidentes no implicaron un cierre total del espacio aéreo ni hubo señales inmediatas de hostilidades activas, la medida fue interpretada como una señal de cautela y preparación ante un entorno altamente volátil.
